GRANADA HOY
A través de una Proposición de Ley pedirán que se amplíe la moratoria hasta el año 2020
El fin de la moratoria para los alquileres de renta antigua a partir del 1 de enero de 2015, podría provocar el cierre de 2.500 establecimientos en la provincia -un 10% del total- y más de 7.000 despidos de personal. Son cifras aportadas ayer por el PSOE de Granada quien ha solicitado en el Senado una prórroga para que la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 siga vigente durante cinco años más. Se trata de una normativa que fijó para los comercios más pequeños una moratoria de 20 años durante la que estaría vigente el alquiler de renta antigua, unos arrendamientos que estarían sometidos únicamente a las variaciones del IPC.
En caso de que esta alternativa recibiera el espaldarazo del Gobierno, la legislación actual se prolongaría hasta 2020. Con esta iniciativa, el PSOE pretende favorecer la superviviencia de las pequeñas y medianas empresas locales. Para ello han presentado en la Cámara Alta una Proposición de Ley para introducir tres modificaciones.
El senador Juan Manuel Fernández anunció que además de aplazar el final de la moratoria cinco años (aplicando sólo a las tarifas de alquiler la subida del IPC), los socialistas persiguen abrir una línea de créditos ICO para la ayuda al mantenimiento del sector y la redacción de un plan para la protección de los establecimientos históricos.
Esta medida además de nacer en Granada surge del "acuerdo, la negociación y el trabajo", apuntó Fernández, quien recordó que su formación se ha reunido con profesionales de la Cámara de Comercio, organizaciones empresariales, el Colegio de Gestores Administrativos y juristas a nivel provincial a la vez que en Madrid se han mantenido reuniones con la Confederación de Comercio y la Federación de Hostelería. En el ámbito nacional el 20% del sector estaría "afectado".
En la capital, hasta 750 negocios sufrirían los efectos del final de la moratoria fijada en 1994. La edil del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, viene alertando sobre este tema desde hace más de un año. De hecho, el grupo municipal socialista ya ha llevado a pleno hasta dos mociones (una instando al Consistorio a que pidiera la ampliación de la moratoria y otra reclamando un plan de protección para comercios singulares). Estos negocios suelen tener una trayectoria de más de 30 años y están situados en los cascos históricos de las ciudades, por lo que su cierre puede conllevar una degradación del entorno", alertó la concejal socialista.
Está previsto que en mayo se debata el texto en el pleno de la Cámara Alta. Los representantes del PSOE son "optimistas" ante la "buena impresión" que ha causado en otros grupos políticos con representación en el Senado esta propuesta netamente granadina. Juan Manuel Fernández reclamó al Ejecutivo de Mariano Rajoy "sentido común" para sacar adelante la iniciativa. La situación del sector terciario lo necesita, así al menos lo reflejan el descenso de ventas en los tres últimos meses, según datos del Instituto Nacional de Estadística ofrecidos en la rueda de prensa.
En caso de que esta alternativa recibiera el espaldarazo del Gobierno, la legislación actual se prolongaría hasta 2020. Con esta iniciativa, el PSOE pretende favorecer la superviviencia de las pequeñas y medianas empresas locales. Para ello han presentado en la Cámara Alta una Proposición de Ley para introducir tres modificaciones.
El senador Juan Manuel Fernández anunció que además de aplazar el final de la moratoria cinco años (aplicando sólo a las tarifas de alquiler la subida del IPC), los socialistas persiguen abrir una línea de créditos ICO para la ayuda al mantenimiento del sector y la redacción de un plan para la protección de los establecimientos históricos.
Esta medida además de nacer en Granada surge del "acuerdo, la negociación y el trabajo", apuntó Fernández, quien recordó que su formación se ha reunido con profesionales de la Cámara de Comercio, organizaciones empresariales, el Colegio de Gestores Administrativos y juristas a nivel provincial a la vez que en Madrid se han mantenido reuniones con la Confederación de Comercio y la Federación de Hostelería. En el ámbito nacional el 20% del sector estaría "afectado".
En la capital, hasta 750 negocios sufrirían los efectos del final de la moratoria fijada en 1994. La edil del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, viene alertando sobre este tema desde hace más de un año. De hecho, el grupo municipal socialista ya ha llevado a pleno hasta dos mociones (una instando al Consistorio a que pidiera la ampliación de la moratoria y otra reclamando un plan de protección para comercios singulares). Estos negocios suelen tener una trayectoria de más de 30 años y están situados en los cascos históricos de las ciudades, por lo que su cierre puede conllevar una degradación del entorno", alertó la concejal socialista.
Está previsto que en mayo se debata el texto en el pleno de la Cámara Alta. Los representantes del PSOE son "optimistas" ante la "buena impresión" que ha causado en otros grupos políticos con representación en el Senado esta propuesta netamente granadina. Juan Manuel Fernández reclamó al Ejecutivo de Mariano Rajoy "sentido común" para sacar adelante la iniciativa. La situación del sector terciario lo necesita, así al menos lo reflejan el descenso de ventas en los tres últimos meses, según datos del Instituto Nacional de Estadística ofrecidos en la rueda de prensa.
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