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El Tribunal Administrativo de la Corporación destaca que no se declara competente para resolver las alegaciones
13.03.14 - 00:09 -
La decisión ya se ha tomado y firmado. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de El Puerto ha decidido declararse no competente para solucionar las alegaciones que presentaron dos de las empresas que optaban al concurso público para la construcción de dos aparcamientos en la ciudad: uno en Pozos Dulces y otro junto a la plaza de toros. Las empresas Ogensa & Gévora y la UTE formada por San José-Cartuja Inmobiliaria alegaron aspectos técnicos.
La decisión que ha tomado el Tribunal Administrativo da luz verde a esta obra. Los miembros del Tribunal, al declararse incompetentes, determinan que el concurso tiene la denominación de privado, por lo que no están capacitados para resolver las alegaciones. La obra se paralizó temporalmente a principio del pasado febrero por orden del nuevo alcalde, Alfonso Candón, que quiso recopilar todos los datos sobre la adjudicación del concurso a la empresa Gyocivil. Un exdirector técnico de la empresa pública Impulsa denunció sentirse presionado por su superior para que el concurso recayera en Gyocivil. Este funcionario nunca puso denuncia en el juzgado y se limitó a realizar grabaciones de conversaciones que no prueba dicha acusación.
La resolución del Tribunal a la que ha tenido acceso LA VOZ se hará pública mañana. Con respecto a las alegaciones presentadas por dichas empresas, éstas tienen ahora la opción de acudir a la Justicia ordinaria para que sean resueltas e incluso poder pedir la suspensión cautelar de la ejecución de las obras, cosa improbable que suceda ya que en primer lugar debería de ser aprobada por un juez y posteriormente se le solicitaría a la empresa una fianza por una cuantiosa cantidad.
El Tribunal que ha debatido sobre el asunto está compuesto por dos hombres y una mujer: Fernando Jiménez, Juan Carlos González y Esperanza Macarena Ferrer. Son tres funcionarios del Ayuntamiento, especializados en derecho que, durante un mes, han debatido la posibilidad de declararse no competentes, como así ha sucedido, o competentes para poder estudiar las alegaciones. De haberse declarado competentes, hubiera existido un conflicto ya que el propio pliego de condiciones lo cataloga en el escrito de «concurso privado para contratar el diseño y la construcción llave en mano y la financiación de los dos aparcamientos subterráneos en El Puerto». Esta deliberación fue debida a un escrito que presentó la nueva sociedad, Impulsa Aparca, en el que no reconocía al Tribunal Administrativo como órgano competente para poder resolver dichas alegaciones.
A partir del viernes, la empresa que consiguió la adjudicación, Gyocivil, podrá comenzar a realizar los primeros trabajos de catas arqueológicas, una acción requerida por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para llevar a cabo obras en zonas del casco histórico.
Un mes y medio de polémica
Una polémica adjudicación que parece que llega a su fin, tras tomarse un tiempo muerto de casi un mes y medio. Los futuros aparcamientos subterráneos de Pozos Dulces y la Plaza de Toros son un proyecto que fue presentado por el Ayuntamiento a finales del 2011 a la Unión Europea cuando se abrieron unas subvenciones para actuaciones sostenibles en cascos urbanos. Tras presentarse a través de la empresa municipal Impulsa se le concedió una financiación de 16,2 millones de euros que serían sufragados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), reconociéndole así el Plan Integrado de Desarrollo Sostenible Urbano. Además, ambos parking se encuentran incluidos en el nuevo plan urbano de la ciudad y, a su vez, en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
A continuación se abrió un concurso para que las empresas presentaran sus proyectos. De la misma manera se creó una sociedad, Impulsa Aparca, surgida entre Impulsa y el Banco de Inversiones, nombrando este último a Ahorro Corporación para que controlara el desarrollo de este proyecto.
Después de un proceso de valoración enturbiado por la sospecha de filtraciones, la empresa municipal decidió traspasar la baremación de las ofertas a dos empresas externas. Ambas realizaron los informes que presentaron posteriormente a la mesa de contratación que adjudicó las obras a la constructora Gyocivil.
El Consistorio firmó las obra el 23 de diciembre y el pasado 4 de febrero el alcalde, Alfonso Candón, ordenó su paralización a raíz de la denuncia del exdirector técnico, Julián Martín Bravo, al gerente de Impulsa, Cayetano Gómez, en la que supuestamente se mostraban presiones.
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