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SUPERMERCADO, AL LIMITE, LANZA UN SOS AL GOBIERNO<
No aguantan más. Los empresarios estallaron el miércoles contra el Gobierno y su "inacción" ante el imparable aumento de los costes energéticos y la crisis agravada por la huelga del transporte. En un duro comunicado, las patronales CEOE y Cepyme alertaron de una situación insostenible que, según expresan, amenaza con desatar una "gran crisis económica y social en España".
Ante este escenario, solicitan acciones rápidas, concretas y efectivas. Y, aunque el Ejecutivo sigue escudándose en que detallará su plan anticrisis el próximo 29 de marzo, las patronales consideran que ya es tarde y que demorar una actuación más contundente ha ocasionado desabastecimiento a la población y un severo parón en la actividad.
La organización presidida por Antonio Garamendi denuncia que "todavía hoy" no saben cómo se implementará el paquete de medidas acordado con el sector del transporte e instan al Gobierno a que hoy, en la cuarta reunión que tendrá lugar con el Ministerio de Raquel Sánchez, se detallen "de una vez" las cuestiones relativas a las ayudas directas en céntimos/litro al combustible, en línea con lo que han promovido otros países de la UE. "No es una cuestión aplazable por más tiempo", insisten las patronales.
El panorama que dibujan es crítico. "La industria está empezando a parar sus hornos, con la pérdida irreparable que esto supone para la economía; el campo y la pesca y todo el sector agroalimentario viven una auténtica pesadilla; el comercio ya está sufriendo un desabastecimiento alarmante y así en innumerables sectores empresariales". En este escenario, añaden, "el clamor de las empresas y de la sociedad amenaza con desbordarse" ante esa inacción política.
Otras patronales sectoriales, especialmente las relacionadas con el sector de la distribución y del gran consumo, también se revolvieron ayer ante las dificultades que el parón de las mercancías ha supuesto para su actividad. Las principales asociaciones del sector explican que no existe un desabastecimiento generalizado. Pero reconocen que los problemas de reparto se han agravado al sumarse el acopio de los consumidores, desatados en sus compras ante el temor a una posible escasez. Leche, harina, botes de legumbre o paquetes de pasta son los productos que más escasean en las estanterías de los supermercados, especialmente en las zonas de mayor conflictividad por el paro; en fábricas o centros logísticos de Galicia, Asturias, Extremadura y Andalucía, según apuntan desde el sector. Hay quien es incluso más pesimista. "La situación es gravísima, insostenible, más tensionada que en los peores momentos de la pandemia", advertía ayer Mauricio García de Quevedo, director general de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebida (FIAB ).
POSIBLES ERTE Y PÉRDIDAS
En una rueda de prensa conjunta con otras asociaciones, el empresario no descartó que las compañías del sector terminen por emplear herramientas como los ERTE para frenar las pérdidas de estos días. Por su parte, Felipe Medina, secretario general de Asedas -que agrupa a empresas como Dia, Mercadona, Covirán o Ahorramás-, insistió en que los daños "son incalculables". Aunque es difícil de estimar, en el sector de la distribución alimentaria se habla ya de pérdidas de unos 130 millones de euros cada día. Es decir, 1.300 millones de euros si se tienen en cuenta los 10 días de paros que acumulan los transportistas. Ante este escenario, los empresarios solicitaron altura de miras al Gobierno. Pero también a los huelguistas y a los propios ciudadanos. "Pedimos responsabilidad de los consumidores.
Saben que la cadena está tensionada, no se puede ocultar, pero hay que comprar con responsabilidad porque el acopio dificulta más los 'stocks' de las tiendas", argumentó Aurelio del Pino, de la patronal de supermercados Aces. En el mismo sentido se manifestó Javier Millán-Astray, de Anged (grandes empresas de distribución), al advertir de que el problema es que, si no hay producción cada día -con empresas como Azucarera, Calvo, Cuétara y algunas plantas de Danone parando su actividad-, es más difícil mantener los lineales abastecidos.
A este grito de auxilio se sumaron sindicatos y otras asociaciones de la sociedad civil, que ayer tomaron las calles de las principales ciudades españolas para denunciar el "deterioro de las condiciones de vida de familias, trabajadores y consumidores" ante una inflación disparada que en febrero alcanzó el 7,6%, récord en 36 años. "No podemos esperar. Ya van tarde", incidió el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, durante la marcha celebrada en Madrid a la que asistieron entre 4.000 y 5.000 personas, según los sindicatos. El líder de Comisiones, Unai Sordo, reclamó medidas de "máxima intensidad".
Álvarez insistió en que "esta situación insoportable no viene de ahora", por lo que instó a Bruselas a que tome las "medidas necesarias" y que permita a los Estados regular los precios. Y sobre una posible huelga general, aseguró que "si no hay solución" estudiarán qué acciones tomar.
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