MALAGA HOY
En 2013, la partida reservada a los proyectos de estas entidades fue de 1.279.000 euros y para 2014 destina sólo 468.000 euros. Suprimido el programa para sus infraestructuras.
Un grupo de inmigrantes atendidos por los voluntarios de Cruz Roja tras llegar al Puerto de Tarifa, el pasado marzo.
Andalucía Acoge, Cruz Roja, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la Comisión Católica de Migraciones y las decenas de entidades sin ánimo de lucro que trabajan en Andalucía por la atención e inserción social de los inmigrantes tendrán que hacer aún más malabares para cuadrar sus cuentas visto el extraordinario hachazo que sufren los fondos propios que el Gobierno andaluz ha destinado este año a las políticas migratorias.
Entre otros aspectos, la Junta aplica un gravísimo recorte a las partidas destinadas a los proyectos propios de las ONG y, además, suprime la tradicional línea que la Administración reservaba a la puesta al día de las infraestructuras de estas entidades, fundamentales en la atención de emergencia de los inmigrantes que se encuentran en situación irregular en la comunidad. En concreto, la partida dedicada a infraestructuras venía subvencionando la "construcción, reforma, reparación, conservación y equipamiento de albergues, casas de acogida y servicios diurnos de atención básica para personas inmigrantes", según recoge la orden que regula la concesión de estas ayudas.
El dato definitivo se ha visto reflejado ahora en el BOJA, cuando la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, dependiente de la Consejería de Justicia, ha hecho pública la partida que finalmente ha destinado en 2014 al programa dirigido a entidades privadas sin ánimo de lucro para proyectos subvencionados "en régimen de concurrencia competitiva". La Junta reserva este año una cuantía máxima de 468.002 euros, cuando en 2013 esta iniciativa alcanzó la cifra de 1.279.600 euros, es decir, el recorte asciende a cerca del 65% (63,41%).
Concretamente, esta cantidad está enfocada a financiar programas destinados al arraigo, la inserción y la promoción social de inmigrantes dirigidas para entidades privadas sin ánimo de lucro, con el objetivo de "promover la participación social y el asociacinonismo de la población inmigrante", además de "favorecer la integración laboral, económica, social y cultural de los inmigrantes en la sociedad de acogida y en las empresas, fomentando la responsabilidad social corporativa de las mismas". Entre los trabajos subvencionables que verán mermado su respaldo por parte de la Junta figuran, además, los dedicados a "conocer la realidad de la mujer inmigrante y la eliminación de la conducta discriminatoria".
La distribución territorial de los 468.000 euros consignados ahora por la Dirección General de Políticas Migratorias que dirige Luis Vargas sería de 68.000 para los proyectos multiprovinciales (destinado a aquellas ONG con actividad en al menos dos provincias). La misma cantidad recibirán los proyectos presentados por Almería, provincia con la partida más alta dada la importancia de la presencia de los colectivos inmigrantes en el Levante andaluz. Junto a Almería, Málaga y Sevilla, con 65.000 euros cada una, encabezan las provincias con más dotación económica. Granada, con 42.000 euros para proyectos, y el resto de provincias, con 40.000 cada una, conforman el mapa de subvenciones para entidades privadas sin ánimo de lucro que son, al fin, las encargadas de trabajar directamente con una población que alcanza los 725.000 inmigrantes censados a los que hay que sumar el incierto dato de aquellos en situación irregular en nuestras fronteras.
Este recorte, que según fuentes del sector viene produciéndose de manera progresiva desde hace cinco años, ya ha sido comunicado en el Foro Andaluz de la Inmigración, un órgano de consulta y participación en el ámbito de la política social para inmigrantes, adscrito ahora a la Consejería de Justicia e Interior y en el que se sientan representantes de las administraciones públicas y de las organizaciones y entidades pro inmigrantes.
Distintas fuentes del sector consultadas por este periódico confían en que el recorte aplicado se compense con las ayudas que la Junta espera recibir del Fondo Social Europeo, dado que así se lo trasladaron los responsbles de la Dirección General de la Junta. Manuel Sánchez Montero, vocal en el Foro y portavoz de la Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (Accem) asegura que en la última reunión se dio "prácticamente por concedido" cerca de "medio millón de euros" con destino a los proyectos que tienen cabida en este programa. En la misma línea opina Mikel Araguas, secretario general de Andalucía Acoge, que asegura que "las ayudas se van a completar" con lo que conceda Bruselas aunque, de partida, esta merma "dificulta aún más la labor social" que realizan las ONG. Y matiza: "No sólo por los recortes de la Junta sino también los llevados a cabo por el Gobierno central" en materia de inmigración.
Entre otros aspectos, la Junta aplica un gravísimo recorte a las partidas destinadas a los proyectos propios de las ONG y, además, suprime la tradicional línea que la Administración reservaba a la puesta al día de las infraestructuras de estas entidades, fundamentales en la atención de emergencia de los inmigrantes que se encuentran en situación irregular en la comunidad. En concreto, la partida dedicada a infraestructuras venía subvencionando la "construcción, reforma, reparación, conservación y equipamiento de albergues, casas de acogida y servicios diurnos de atención básica para personas inmigrantes", según recoge la orden que regula la concesión de estas ayudas.
El dato definitivo se ha visto reflejado ahora en el BOJA, cuando la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, dependiente de la Consejería de Justicia, ha hecho pública la partida que finalmente ha destinado en 2014 al programa dirigido a entidades privadas sin ánimo de lucro para proyectos subvencionados "en régimen de concurrencia competitiva". La Junta reserva este año una cuantía máxima de 468.002 euros, cuando en 2013 esta iniciativa alcanzó la cifra de 1.279.600 euros, es decir, el recorte asciende a cerca del 65% (63,41%).
Concretamente, esta cantidad está enfocada a financiar programas destinados al arraigo, la inserción y la promoción social de inmigrantes dirigidas para entidades privadas sin ánimo de lucro, con el objetivo de "promover la participación social y el asociacinonismo de la población inmigrante", además de "favorecer la integración laboral, económica, social y cultural de los inmigrantes en la sociedad de acogida y en las empresas, fomentando la responsabilidad social corporativa de las mismas". Entre los trabajos subvencionables que verán mermado su respaldo por parte de la Junta figuran, además, los dedicados a "conocer la realidad de la mujer inmigrante y la eliminación de la conducta discriminatoria".
La distribución territorial de los 468.000 euros consignados ahora por la Dirección General de Políticas Migratorias que dirige Luis Vargas sería de 68.000 para los proyectos multiprovinciales (destinado a aquellas ONG con actividad en al menos dos provincias). La misma cantidad recibirán los proyectos presentados por Almería, provincia con la partida más alta dada la importancia de la presencia de los colectivos inmigrantes en el Levante andaluz. Junto a Almería, Málaga y Sevilla, con 65.000 euros cada una, encabezan las provincias con más dotación económica. Granada, con 42.000 euros para proyectos, y el resto de provincias, con 40.000 cada una, conforman el mapa de subvenciones para entidades privadas sin ánimo de lucro que son, al fin, las encargadas de trabajar directamente con una población que alcanza los 725.000 inmigrantes censados a los que hay que sumar el incierto dato de aquellos en situación irregular en nuestras fronteras.
Este recorte, que según fuentes del sector viene produciéndose de manera progresiva desde hace cinco años, ya ha sido comunicado en el Foro Andaluz de la Inmigración, un órgano de consulta y participación en el ámbito de la política social para inmigrantes, adscrito ahora a la Consejería de Justicia e Interior y en el que se sientan representantes de las administraciones públicas y de las organizaciones y entidades pro inmigrantes.
Distintas fuentes del sector consultadas por este periódico confían en que el recorte aplicado se compense con las ayudas que la Junta espera recibir del Fondo Social Europeo, dado que así se lo trasladaron los responsbles de la Dirección General de la Junta. Manuel Sánchez Montero, vocal en el Foro y portavoz de la Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (Accem) asegura que en la última reunión se dio "prácticamente por concedido" cerca de "medio millón de euros" con destino a los proyectos que tienen cabida en este programa. En la misma línea opina Mikel Araguas, secretario general de Andalucía Acoge, que asegura que "las ayudas se van a completar" con lo que conceda Bruselas aunque, de partida, esta merma "dificulta aún más la labor social" que realizan las ONG. Y matiza: "No sólo por los recortes de la Junta sino también los llevados a cabo por el Gobierno central" en materia de inmigración.
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