LA VOZ DE LEON
La entrada de la molturadora en la gestión del cultivo agita al sector remolachero, crítico con la opción de que la industria se pueda beneficiar de las ayudas agrarias
LUIS URDIALES | REDACCIÓN 26/05/2014
La incursión de la industria en la lista de cultivadores de remolacha agita el ya convulso sector del azúcar, arrastrado desde hace dos campañas por la diferencias de criterios en la fijación de precios y el reparto de beneficios. La empresa azucarera dispuesta a promover y encargar de forma directa la siembra de raíz pone al sector industrial por primera vez en condiciones de cobrar las ayudas e incentivos que estaban destinados a proteger al sector primario. La situación levanta ampollas entre los cultivadores, que ya han puesto el grito en el cielo y la protesta ante las administraciones con el fin de que se aclare el beneficiario final de la subvención que financia la unión europea y que está vinculada a la mejora del cultivo: la cantidad de la discordia son los 2,60 euros por tonelada, que revoca y apuntala el precio base que percibe el productor y se justifica en base a una mejora de rendimientos. Con la industria al otro lado, la polémica está en quien debe percibirlos, o la sociedad cuyo negocio está en la transformación, o los dueños de las fincas que se arriendan por centenas para contrarrestar la caída de superficie de remolacha cultivada en los últimos años a raíz de las desavenencias de criterios entre sector primario e industrial. Si una ayuda que reivindicó el productor debe mejorar la cuenta de resultados de la industria.
Control de mercado
El cobro de esos 2,60 euros de alza de precio de la tonelada no es la única vía de litigio que se ha abierto por la nueva aventura de los azucareros en funciones de remolacheros. También se amplían a la forma de catalogar y controlar el azúcar que resulte de los cultivos que promueve la industria; si se van a colocar como mercancía excedentaria, como azúcar complementaria o como de cupo A+B, tal y como se ajusta y somete en el resto de las relaciones contractuales que vinculan a los agricultores con la industria.
Agitado marco para el azúcar en la provincia, que pasa aún por ser el primero entre el sector agroalimentario, donde ha derivado la zozobra de la caída de superficie destinada a la remolacha. Hasta ahí llega las consecuencias de la medida correctora que ideó la empresa azucarera con el alquiler de fincas en las áreas de nuevos regadíos con el fin de corregir la merma que ha llegado a poner en riesgo sostener las cuotas asignadas por la Unión Europea. El lance ha arrastrado una subida notable de los precios de la tierra en las zonas donde se localiza la experiencia.
Mil hectáreas arrendadas
En la provincia de León se suman casi mil hectáreas bajo el paraguas de este sistema de producción: la industria arrienda la finca y contrata el servicio de cultivo y mantenimiento. La incursión hace que los agricultores encuentren otro inconveniente a la hora de trabajar tierras en régimen de alquiler.
Si la fricción ya parece notable, el problema tiene visos de ampliarse de aquí a dos campañas, cuando entre en vigor la reforma que afecta tanto a la distribución de las ayudas de la política agraria común para los cultivos azucareros como la misma liberalización de cotas. Esta última reforma llama ya a la puerta del campo; y la primera va a significar que las subvenciones se destinen por superficie en vez de producción. Como destinatario final se puede mantener la industria, titular del cultivo.
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