SUR
La Junta está cerrando los permisos definitivos cara al verano para los establecimientos ubicados en Torremolinos, Fuengirola, Torrox y Vélez
Los chiringuitos ubicados en Torremolinos, Fuengirola, Torrox y Vélez están más cerca de lograr las ansiadas concesiones definitivas, después de años trabajando con las licencias caducadas y amparados únicamente por permisos en precario. Según pudo saber este periódico, la Consejería de Medio Ambiente, que es la competente, tiene bastante avanzada la tramitación de las autorizaciones para estos negocios, que estarán listas, previsiblemente, el próximo verano. Aunque no todos se podrán legalizar, por incumplir algún precepto de la Ley de Costas, según fuentes cercanas a la negociación, se tendrá en cuenta el grueso de la petición de los empresarios, que sumaba en estos cuatro municipios unos 160 negocios de playa.
Esta cifra es significativa, pues se trata de la mayor parte de los que estaban pendientes de una decisión por parte de la Junta. Una vez legalizados, los empresarios podrán hacer inversiones y acondicionarlos para mejorar su oferta sin miedo y con total seguridad jurídica, que es una demanda histórica del sector.
El presidente de la Asociación de Empresarios de Playas, Manuel Villafaina, dijo que no tenía constancia de estos avances, aunque reconoció que en términos generales se están plasmando las peticiones que desde el colectivo se han hecho, sobre todo en lo que se refiere a las playas urbanas. Enmarcó la noticia en la culminación del reglamento de la Ley de Costas, que llega un año después de la aprobación de la norma. «Se ha pasado de 200 metros de distancia entre establecimientos a 150, de manera que ahora somos casi todos legales», apuntó, y recordó que los negocios podrán tener hasta 300 metros de superficie explotable.
El nuevo reglamento, que será aprobado previsiblemente antes de junio, plantea dos aspectos que son clave para la Costa del Sol, donde se concentra el mayor número de estos establecimientos en España, con unos 400. Tal y como expuso el líder de la patronal, la distancia máxima entre uno y otro se reduce en las playas urbanas (que aquí son la inmensa mayoría); aunque en las naturales la separación aumenta, de 200 a 300 metros. Además, en el ámbito de los municipios costeros, se incrementa la dimensión máxima autorizada: la extensión de local será de 150 metros cuadrados, más 50 de terraza fija y otros 70 de ocupación abierta y desmontable. A esta superficie se añade la zona de aseo, de hasta 30 metros cuadrados, de uso público y gratuito.
Hasta 30 años
A ello, se añade el hecho de que las zonas urbanas tendrán una concesión de hasta 30 años, un plazo que podrá aumentar en otros seis si los convierten en sostenibles. En cambio, el caso de las calas naturales tendrán que desmontarlos cada año, pero su licencia de actividad será por cuatro. En estos entornos se permitirá la instalación de estructuras desmontables, que tendrán que acotarse a criterios estrictos, con un máximo de 20 metros cuadrados, al que hay que sumar otros 50 más de terraza (con sillas y sombrillas).
El sector ha acogido la norma con optimismo, aunque prevé hacer alegaciones para tratar de mejorar las condiciones de los empresarios que ocupen los espacios protegidos. Con todo, reconocen que la propuesta del Gobierno es mucho más beneficiosa que la existente.
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